Ir al contenido principal

Comenzó el primer Juicio por trata en Mar del Plata

Se juzga a una red de trata que explotaba sexualmente a mujeres de República Dominicana. Hay nueve imputadxs, entre los que se encuentran un policía y autoridades migratorias. Red Eco Alternativo
(Giselle Scardilli – Red Eco) El martes 22 de abril comenzó el primer juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual en Mar del Plata. En el prostíbulo Dulcinea de la calle San Salvador 7274, clausurado en el año 2010, operaba una red de proxenetas que engañaban a mujeres dominicanas con diversas propuestas laborales, sometiéndolas al ejercicio de la prostitución en condiciones infrahumanas de hacinamiento y esclavitud.

El principal imputado es Jorge Daniel Sánchez, dueño de Dulcinea, que junto con su mujer Orfelina Valdez Montero y el hijo de ambos, Fernando Manuel Sánchez regenteaban el local. Además de la explotación sexual y reducción a la servidumbre a las que sometieron a las víctimas, se los acusa por la captación y el traslado de las mismas.


Los otros autores penalmente responsables del delito de trata son Claudio Marcelo Campos, policía de la División Drogas Ilícitas, quien concurría habitualmente al prostíbulo y cobraba una suma de dinero a cada una de las víctimas; Angel Hernández Cabral, encargado de la seguridad del local y Carmen Concepción Colas, a cargo de la barra, ambos como partícipes secundarios. Por último, hay tres imputados como partícipes secundarios del delito de trata y violación a la Ley de Migraciones: Eugenio Reynaldo Iacovone, solicitante del otorgamiento de residencia de las víctimas; Roberto Montecchia, apoderado de los trámites migratorios y Rubén Mormando como gestor de residencias precarias ante la autoridad migratoria.
El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Eduardo Pablo Jiménez y el fiscal a cargo es el Dr. Juan Manuel Petiggiani.
A la fecha se llevaron a cabo tres audiencias con declaraciones de los imputados, las víctimas y funcionarixs. El juicio oral se llevará a cabo hasta el 7 de mayo y se espera la sentencia para el mismo mes.
En la primera audiencia hubo dos ausentes: el abogado Roberto Montecchia, con certificado médico por una intervención quirúrgica, y Rubén Mormando, fallecido recientemente.
El Ministerio Público Fiscal llamó a declaración indagatoria a todos los imputados, sin embargo, sólo dos de ellos hicieron uso de esta opción. Jorge Daniel Sánchez, dueño del prostíbulo, reconoció la actividad que se desarrollaba en su establecimiento pero negó la existencia de un delito al argumentar que “alquilaba las habitaciones a las chicas”. Además, confesó administrar el dinero de las víctimas y su relación de amistad con el policía imputado como uno de los autores primarios de la causa, Claudio Marcelo Campos.
El otro imputado que prestó declaración fue Eugenio Reynaldo Iacovone, quien manifestó haber sido engañado y no conocer a nadie de los presentes en la Sala del Tribunal Oral Federal.
Luego de un cuarto intermedio, declaró en videoconferencia una de las testigxs más importantes de la causa, con identidad reservada. La joven, de nacionalidad dominicana, detalló cómo fue engañada, captada y explotada en Dulcinea. Además, ratificó su reconocimiento del policía de la Dirección de Drogas Ilícitas y manifestó haber visto a doce o trece policías que concurrían periódicamente al prostíbulo.
En el cierre de la jornada y como parte de la defensa, hubo dos declaraciones de mujeres que siguen en ejercicio de la prostitución, que se realizaron en forma privada a pedido del fiscal. Silvina Elías, integrante de La Alameda Mar del Plata, contó a Red Eco: “desde La Alameda vemos muy peligroso que el Tribunal tome como pruebas válidas estos testimonios, porque si comprendemos cómo funciona el delito de trata y el sometimiento tanto físico como psicológico no se pueden tomar seriamente éstas declaraciones, porque están claramente condicionados y coaccionados por una estrategia de la defensa”.
En la segunda audiencia declaró la licenciada Zaida Gatti, Titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Daminificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. La funcionaria ratificó que los informes del allanamiento demostraron el funcionamiento de una red de trata que engañó y sometió a esclavitud sexual a las mujeres provenientes de República Dominicana.
Mañana viernes 25 declarará el legislador porteño Gustavo Vera, explicando cómo logró contactar a una de las víctimas que logró escapar de Dulcinea. El testimonio de la joven, junto al de otra víctima que había escapado anteriormente, posibilitó el allanamiento y el posterior procesamiento de los imputados.
Desde La Alameda, Silvina Elías cargó contra el Estado Nacional al señalar la precariedad de los programas que asisten a las damnificadas por este delito: “Una víctima de trata tiene derecho a tener asistencia psicológica, asistencia médica, patrocinio jurídico, reinserción laboral y reencuentro con su núcleo familiar, y ésto no se dio en ningún caso con las víctimas. Al no estar reglamentada la Ley de Trata desde hace 28 meses no hay presupuesto y por ende los programas funcionan mal”.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=13225&Itemid=49

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Problemas con las cuerdas vocales producto del trabajo?

Esa idea clásica de que los trabajadores ponen su cuerpo para conseguir un salario y para llevarle ganancia a otra persona se reedita en la actualidad en los millones de trabajos que requieren hacer un esfuerzo con la voz, que puede devenir en una afección crónica en las cuerdas vocales. Esta entrada trata sobre el caso judicial del reclamo de una trabajadora. Está orientado a trabajadores/as, si sos medico o abogado escribí al correo electrónico (acaivano@cpacf.org.ar) para obtener mayor información.


Por Alejo Caivano Abogado.


Situación de la reclamante Se presenta M.D.C. (docente mendocina) y con su abogado inician demanda contra Provincia ART S.A. por la suma de $ 8.223,53 en el marco de la reclamación sistémica (Ley 24.557) y la Dirección General de Escuelas por la suma de $ 50.156 en concepto de reparación integral. M.D.C relata que padece una enfermedad profesional (afectación de las cuerdas vocales) como consecuencia de su trabajo como docente de grado en la escuela 1667 de Gua…

INTI: El conflicto, los despidos masivos. La respuesta estatal

Conquistas y la continuidad de la lucha por la reincorporación El 26 de enero pasado, la dirección del INTI comunicaba a lxs trabajadorxs cientos de despidos, los que fueron notificados uno a uno en los días subsiguientes.
Desde el mismo día, lxs trabajadorxs del Instituto resolvieron en asamblea medidas de lucha que incluían la permanencia pacífica en su lugar trabajo. Sin respuestas en más de 44 día de paro, y con la omisión dolosa del Ministerio de Trabajo que se desentiende del conflicto colectivo, y los 258 despidos realizados en el INTI producto de una decisión que implica el ajuste en varias áreas del Estado a partir de la política que encabeza el Ministerio de Modernización, días atrás se iniciaron las primeras acciones judiciales.

Dichas acciones fueron dirigidas a reclamar a la justicia en primer lugar la reincoporación de lxs representantes sindicales despedidxs. Porque el despido masivo en el INTI, implicó el despido de los delegadxs. La base de ajuste se sustenta en pasa…

Sobre el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En el día de ayer se presentó en el Congreso por séptima vez el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El mismo contempla el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Establece que las obras sociales, medicinas prepagas, el sector público de salud incorporarán como prestación médica básica obligatoria la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo. Asimismo, señala que se garantizará a la mujer la realización del mismo dentro del plazo de 5 días desde que asiste a algún centro de salud y expresa su consentimiento por escrito. No será necesaria ninguna autorización judicial previa.
Este proyecto de ley está basado en la realidad de muchas mujeres argentinas. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según cifras estimativas, ya que se trata de una práctica clandestina…