Ir al contenido principal

Comentario sobre la ¿"Mafia" de los juicios laborales?

Como abogados que hacemos cumplir el derecho de los trabajadores vigente no podemos dejar pasar por alto las declaraciones de Mauricio Macri respecto de la supuesta “mafia” de los juicios laborales.
A Abogados en Cooperativa llegan diversas consultas de precarización laboral: Trabajadores mal registrados (en negro, con salarios mal pagos, trabajadores que hacen horas extras y no las cobran, etc.) que sufren acoso laboral y discriminación, que son despedidos durante una licencia médica, que no reciben la indemnización correspondiente, que son despidos con causas falsas, y más.
Nuestro trabajo como abogados comienza desde la primera cita en el estudio, asesorándolos y entendiendo lo que significa para todo trabajador su fuente de ingresos, comentándole cuáles son sus herramientas y lo que pueden hacer. El que decide siempre es el trabajador, las opciones se limitan a reclamar el cumplimiento de los derechos o regalarle su salario al empleador.
¿Por qué se hacen juicios? Las empresas cuando reciben el telegrama del trabajador intimándolas a que regularicen su situación laboral, niegan y desconocen los hechos. Entonces se las cita a una audiencia conciliatoria a la cual -muchas veces- no asisten. Si asisten y hacen un ofrecimiento para evitar el juicio, por lo general es muy por debajo de lo que corresponde según la Ley de Contrato de Trabajo. Ante el magro o nulo ofrecimiento económico, al trabajador no le queda otra que iniciar el juicio.
Pueden pasar entre 3 y 5 años hasta que la empresa pague. Desde ya, el monto a pagar será superior al que debía haber pagado en la instancia conciliatoria, dado que habrá intereses por ser un crédito laboral y multas derivadas de los incumplimientos a lo largo de la relación laboral y por obligar al trabajador a iniciar un juicio para cobrar lo que le corresponde. Durante todo el tiempo que el trabajador padeció la injusticia respecto de sus derechos no cobró un solo peso, en cambio la empresa pudo especular económicamente con el resultado del proceso.
Decir que existe una “mafia de los juicios laborales” es una violación lamentable al derecho vigente. No hay antecedentes de empresas que quiebren o estén en riesgo económico por juicios laborales. Muy por el contrario, hay una práctica de evasión económica al propio estado y a los derechos de los trabajadores en exclusivo beneficio de los empresarios.
Vivimos a diario la realidad de los trabajadores: el 40% del mercado laboral no cuenta con la registración debida. Por lo tanto hay empresarios que el propio estado debería perseguir para evitar la evasión impositiva y por ende garantizar que nuestra economía sea más sólida. Sin embargo el presidente ve como un problema grave el pequeño porcentaje de los trabajadores que reclaman el cumplimiento de sus derechos, menos del 10% del total.
Si el estado no garantiza que se cumplan las leyes para todos, solamente los sectores que sean beneficiados por el propio estado serán los que perciban los beneficios de la economía. Por eso es que nosotros defendemos a los trabajadores. Y por eso el propio presidente plantea que somos una “mafia”.
El cumplimiento de TODOS los derechos en un estado constitucional es una obligación, no una “elección” o “especulación”, que no te vendan pescado podrido.

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Problemas con las cuerdas vocales producto del trabajo?

Esa idea clásica de que los trabajadores ponen su cuerpo para conseguir un salario y para llevarle ganancia a otra persona se reedita en la actualidad en los millones de trabajos que requieren hacer un esfuerzo con la voz, que puede devenir en una afección crónica en las cuerdas vocales. Esta entrada trata sobre el caso judicial del reclamo de una trabajadora. Está orientado a trabajadores/as, si sos medico o abogado escribí al correo electrónico (acaivano@cpacf.org.ar) para obtener mayor información.


Por Alejo Caivano Abogado.


Situación de la reclamante Se presenta M.D.C. (docente mendocina) y con su abogado inician demanda contra Provincia ART S.A. por la suma de $ 8.223,53 en el marco de la reclamación sistémica (Ley 24.557) y la Dirección General de Escuelas por la suma de $ 50.156 en concepto de reparación integral. M.D.C relata que padece una enfermedad profesional (afectación de las cuerdas vocales) como consecuencia de su trabajo como docente de grado en la escuela 1667 de Gua…

INTI: El conflicto, los despidos masivos. La respuesta estatal

Conquistas y la continuidad de la lucha por la reincorporación El 26 de enero pasado, la dirección del INTI comunicaba a lxs trabajadorxs cientos de despidos, los que fueron notificados uno a uno en los días subsiguientes.
Desde el mismo día, lxs trabajadorxs del Instituto resolvieron en asamblea medidas de lucha que incluían la permanencia pacífica en su lugar trabajo. Sin respuestas en más de 44 día de paro, y con la omisión dolosa del Ministerio de Trabajo que se desentiende del conflicto colectivo, y los 258 despidos realizados en el INTI producto de una decisión que implica el ajuste en varias áreas del Estado a partir de la política que encabeza el Ministerio de Modernización, días atrás se iniciaron las primeras acciones judiciales.

Dichas acciones fueron dirigidas a reclamar a la justicia en primer lugar la reincoporación de lxs representantes sindicales despedidxs. Porque el despido masivo en el INTI, implicó el despido de los delegadxs. La base de ajuste se sustenta en pasa…

Sobre el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En el día de ayer se presentó en el Congreso por séptima vez el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El mismo contempla el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Establece que las obras sociales, medicinas prepagas, el sector público de salud incorporarán como prestación médica básica obligatoria la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo. Asimismo, señala que se garantizará a la mujer la realización del mismo dentro del plazo de 5 días desde que asiste a algún centro de salud y expresa su consentimiento por escrito. No será necesaria ninguna autorización judicial previa.
Este proyecto de ley está basado en la realidad de muchas mujeres argentinas. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según cifras estimativas, ya que se trata de una práctica clandestina…